Redacción Regional
El Periódico
A orillas del océano pacífico, 40 representantes del Consejo comunitario de la cuenca del río Yurumanguí y las autoridades de otros Consejos, presenciaron la entrega de la demanda étnica que el director general de la Unidad de Restitución de Tierras, Ricardo Sabogal Urrego, le hizo al juez Tercero Civil del Circuito Especializado, con el fin de restituir el primer territorio étnico colectivo solicitado ante la entidad en el departamento del Valle del Cauca. El acto fue motivado por la propia comunidad afrodescendiente que alentó con su música y consignas ancestrales, la radicación de la primera demanda del departamento que busca restituir un territorio colectivo a un grupo de 754 familias y 2869 personas.
Para el director de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), Ricardo Sabogal Urrego, con la presentación de esta demanda se da el primer paso para que las comunidades puedan disfrutar la zona en paz. “En el territorio existen zonas en conflicto, zonas en la que se practica la minería ilegal y cultivos ilícitos. Estos factores obligan a que la justicia restitutiva entre para empezar a ayudar a la comunidad, limpiar el territorio de afectaciones y así conseguir que las gentes puedan disfrutar de su territorio”.
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, Ministerio Público, autoridades distritales, entidades adscritas al Sistema Nacional de Reparación Integral (SNARIV) y medios de comunicación acompañaron la presentación de la demanda donde la comunidad étnica fue la protagonista.
De ahora en adelante el juez tendrá un tiempo perentorio de 6 meses para revisar las condiciones del caso y emitir el fallo decisorio sobre las pretensiones de la Unidad de Restitución de Tierras en representación de la comunidad.
La URT busca mediante una sentencia garantizar los derechos territoriales que han sido afectados por acciones del conflicto armado y brindar garantías para el retorno a la comunidad que se encuentra en situación de desplazamiento, en este caso del Consejo Comunitario Yurumanguí.
“Lo que buscamos allí es que desaparezca la minería ilegal, que haya erradicación de cultivos ilícitos y que haya acompañamiento por parte de todas las autoridades y las instancias del Estado, en beneficio de esta comunidad. Estamos llevando el Estado al campo y estamos labrando el camino de la paz”, indicó Sabogal Urrego.
Durante más de 14 años la comunidad étnica asentada a orillas del río que desemboca en el océano pacífico soportó violaciones a sus derechos que provocaron el desplazamiento de las familias tras sufrir masacres, muertes selectivas, confinamiento, abusos sexuales, entre otros.
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