9.26.2011

Nubarrones se posan sobre la Industria de Licores del Valle

Redacción Valle del Cauca
El Periódico

En el 2010, según las cifras de la empresa, se colocaron 11.668.000 botellas al comercializador, la firma UT Comercializadora Integral, pero en realidad esa sociedad no logró vender en el mercado local todas las unidades y se quedó con un inventario de unas 3.000.000, que son las que han consumido los vallecaucanos en el inicio del año.
Estamos en el Noveno mes del 2.011 y la situación no parece cambiar. Los trabajadores también están preocupados. Recientemente le enviaron una carta al gerente de la empresa pidiéndole que se tomen decisiones prontas respecto del futuro de la compañía, determinaciones que pasan por agilizar la conciliación con el comercializador, recuperar la presencia regional y diseñar políticas para combatir el expendio del licor adulterado.
“Es inconcebible que licoreras más pequeñas que no están funcionando nos superen en ventas como Meta, Tolima, Huila, Boyacá y Nariño”, dijo el doctor Víctor Manuel Escobar, presidente del sindicato, quien ha dicho que se ha dado el tiempo suficiente para que la administración actúe. La ILV arrastra desde hace más de seis años varias demandas que amenazan su sostenibilidad. Mario Germán Fernández de Soto, diputado del Valle, quien hace poco promovió un debate sobre el tema en la Asamblea, estima que las pretensiones pueden llegar a los $150.000 millones, entre ellas la de Dimerco, el anterior comercializador, cuyo contrato fue suspendido de manera unilateral por el gobierno de Angelino Garzón.
La Industria de Licores del Valle entró a renegociar el contrato de comercialización que tiene desde el año 2008 con la Unión Temporal UT Comercializadora Integral, contrato al que en administraciones pasadas se le hicieron anexos y que fue renovado por tres años a mediados del 2010.
En la conciliación se discuten varios temas, por un lado las metas de venta, el tipo de contratación, la inversión publicitaria, así como el licor que se entrega para la promoción al comercializador, punto que generó un escándalo el año pasado, pues se hablaba de 3 millones de botellas entregadas para degustación que no pagaron impuestos y que a precio de fábrica significan unos $45.000 millones.
Doney Ospina, ex gerente de la licorera, coincidió en que la compañía tiene limitaciones comerciales fuertes, porque su mercado está centralizado en el Valle, “el 98% del aguardiente se vende en el Departamento, mientras que competidores fuertes como Caldas, comercializa el 88% de su producción fuera de su región”.
Ruth Sofía Triviño, quien estuvo en ese mismo cargo por unos meses opina que la compañía debe generar un proceso de comercialización en otros departamentos. “Se hizo el estudio y dejamos una propuesta en ese sentido”, afirmó.
El diagnóstico sobre los problemas de la licorera parece claro, pero el plan de mercadeo para vender más, y crecer hacia otras regiones aún no está en ejecución. Las directivas de la ILV aseguran que se hacen gestiones para volver a tener presencia en regiones como el Eje Cafetero, Cundinamarca y San Andrés, donde se han tenido convenios, los cuales están en revisión.
Un estudio de la Asociación Colombiana de Industrias Licoreras, Acil, afirma que en Colombia el 24% de las bebidas alcohólicas que se consumen son adulteradas o de contrabando.
Según el subsecretario de rentas del Valle, para contrarrestar este fenómeno se creó en la región el sistema de trazabilidad con una estampilla que tiene un código alfanumérico. De esta forma, cualquier persona que compre licor puede acudir a la página web del Valle y comprobar si esa bebida pagó impuestos.
El sistema se ha implementado para licores de otras regiones, pero resulta que aún no ha sido posible con el “Blanco del Valle”. Se ha tenido problemas con el tema de la estampilla y otros relacionados con la producción, lo que conlleva a que en el Valle del Cauca, la adulteración del producto sea cada vez mayor que la producción de la ILV, sin que existan controles oficiales que regulen el tema. Se requiere con urgencia un verdadero grupo de control operativo encargado de visitar los expendios para comprobar que no venden licor adulterado, al igual que desmantelar los alambiques donde se procesa el licor fraudulento por lo que a la fecha no reportan ningún cierre por este motivo.