El coliseo de Santa Bárbara, albergue transitorio para desplazados por la violencia

Ni siquiera se pudiera decir que las 9 familias, entre ellos un joven en condición de discapacidad fisica, gozan de elementos adecuados para conciliar el sueño, pues las frias noches, las pocas prendas de vestir y ausencia de camas, les obliga dormir en el piso. Aunque no manifiestan exigencias ni lujos, esperan el apoyo del Estado colombiano.

Redacción Buga

El Periódico

Hasta la ciudad de Buga llegaron 9 familias provenientes de Cali y Tumaco en busca de protección de sus vidas, lugares de donde debieron huir de las balas asesinas sin que pudieran arrastrar con sus pertenencias.

Llegaron a una ciudad para muchos de ellos desconocida, donde sólo a través de imágenes de televisión o de medios impresos habían visto.

En su mayoría pertenecientes a comunidades afrodescendientes, con niños y jóvenes quienes aún no salen del asombro, del porqué esta guerra sin cuartel les tiene como objetivo militar.

Albergados en el Coliseo cubierto del barrio Santa Bárbara, las 9 familias deben compartir las duchas, los baños y en condiciones muy precarias lavar las pocas prendas de vestir.

De acuerdo a lo manifestado por el Secretario de Gobierno en Buga, a ellos se les brinda ayudas humanitarias en poca cantidad, ya que no se cuenta con el recurso económico suficiente para esta clase de eventos sociales, de ahí que se adelanten conversaciones con la Unidad Territorial en Cali, para que asuma el Estado colombiano la responsabilidad civil de proteger estas comunidades y darles un trato humanitario de altura, en condiciones aptas para su convivencia, que cuenten con los beneficios del Estado, tal como lo consagra la Constitución Política de Colombia.

En Colombia, donde este fenómeno empezó en 1960 y se calcula que el 12 % de la población nacional vive desplazada, las causas principales son los enfrentamientos armados entre grupos guerrilleros y fuerzas gubernamentales de seguridad, y las amenazas directas contra personas y comunidades.

También son factores que inciden, el reclutamiento forzado de menores, la violencia sexual, el uso de minas antipersonales, la extorsión y los atentados contra defensores de derechos humanos.

“Los sindicatos del crimen ahora se disputan territorios más allá de los que sirven como rutas del tráfico (de drogas o personas) reclamar pagos ilegales en las áreas que controlan”, según los expertos que analizaron la situación.

Además, esas bandas intentan controlar las zonas de cultivo de amapola y donde hay oro y madera, sin importar si para ello deben obligar a comunidades enteras a abandonar los lugares donde viven, tal como les sucedió a estas 9 familias que de la noche a la mañana  debieron salir antes de que rayara el sol, salvaguardando sus vidas.