Redacción Guacarí
El Periódico
Dura crítica hace la Jefe de Policía Judicial del CTI Buga, Martha Lucía Amórtegui Acevedo, contra la administración municipal de Guacari, ante la falta de compromiso social por parte del Mandatario Harold Sanclemente, en hacerle frente a la problemática que se está generando con la población infantil de esta localidad.
El inconveniente radica en el proceso de investigación por delitos contra la libertad de poder sexual, donde las víctimas son los menores de edad; y en este caso, se presenta una delicada situación en Guacari, donde 2 niños con edades de 10 y 12 años, fueron objeto de los vejámenes sexuales, lo cual llamó la atención del cuerpo de investigación del CTI e hizo saber al mandatario Harold Sanclemente.
Según la Jefe de Policía Judicial del CTI Buga, Martha Lucia Amórtegui Acevedo, el funcionario y su secretario de gobierno, le manifestaron vía telefónica que no contaban con ninguna clase de inversión para ayudarle a tener estos niños fuera de su núcleo familiar, donde corren peligro.
La funcionaria del CTI y el grupo de colaboradores fueron enviados donde la comisaria de familia de Guacari, quien fue solicitada y no fue posible ubicarla, obteniendo sólo la respuesta que este caso no les competía a ellos; llegadas las 8 en la noche no les ayudaban a solucionar el problema.
Pero la problemática va más allá, cuando se les hace la valoración a los niños por parte de profesionales idóneos del CTI y de un grupo de asesores de familia, notándose que los niños conviven con los agresores, debiendo solicitar a la Comisaría de Guacari que tomen las medidas de protección, aislando estos niños del núcleo familiar, llevándose un fiasco, al conocer que en Guacari no cuentan con sitio alguno donde puedan albergar estos menores mientras se les busca la solución, tampoco contrato alguno con grupos de madres comunitarias.
Por fortuna y gracias a la gestión adelantada por los profesionales del CTI, se logra que el municipio de Yotoco les albergue y brinden protección, alimentación y cuidado por espacio de 15 días, pero pasada la fecha, funcionarios de allí solicitaron les sacaran de la casa albergue, por cuanto este es un problema que le compete a Guacarí y ellos deben resolverlo.
Nuevamente acuden a la administración de Guacari y la respuesta encontrada por parte del alcalde y su secretario de gobierno, es que el municipio no cuenta con la infraestructura, personal y recursos económicos para atender estos casos. De ahí que los funcionarios del CTI debieron acudir a instancias de la Procuraduría provincial de Buga, donde la doctora María Cristina González , quien manifestó proceder inmediatamente sobre este caso e investigar lo que pasa con estos municipios que desde el 2.006 debieron implementar el programa de acuerdo a la Ley de Infancia y Adolescencia y no están cumpliendo con el deber; de igual manera para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar zonal Buga, que no colaboró en el proceso y dejó maniatados los funcionarios del CTI de la Fiscalía sin poder accionar ante este lamentable hecho donde dos menores de edad estaban siendo objeto de toda clase de abusos por parte de algunos familiares y requerían ser retirados del grupo.
Ante la angustia que cobijó a la doctora Amórtegui y sus colaboradores, acudieron nuevamente al despacho del alcalde de Guacarí, y ni siquiera fueron atendidos por el señor Harold Sanclemente; eran ya las 8 en la noche y por fortuna, los concejales se encontraban sesionando, entonces irrumpieron la plenaria para escuchar los planteamientos de los funcionarios del CTI de la Fiscalía y la Comisaria de familia, quien indicó que ella ha tenido que sufragar de su propio pecunio, los gastos que esto acarrea y que no es justo, toda vez que los municipios deben contar con un presupuesto para tal fin.
Los concejales manifestaron su deseo de ahondar en el tema para conocer la verdadera situación que sobre la protección infantil se presenta en Guacarí, mientras que el cuerpo de protección a esta población del orden estatal investiga el proceder de los funcionarios implicados.
Mientras tanto, los niños y jóvenes continúan viviendo bajo el mismo techo de sus agresores y abusadores sexuales, deambulan por las calles quedando a merced de estas personas de baja moral social, sin que el Estado municipal como tal, ejecute acciones tendientes en garantizar la tranquilidad y calidad de vida a estos indefensos muchachos, tal como lo contempla la Ley 1098 del 2.006 de Infancia y Adolescencia en Colombia.
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