Por supuestos incumplimientos, se termina contrato al manejo del tránsito

Redacción Ginebra

El Periódico

Este jueves se dio continuidad a la  audiencia citada en el salón de sesiones del Concejo Municipal de Ginebra-Valle  para decidir la suerte del contrato del manejo del tránsito y transporte de la localidad, ante supuestos incumplimientos presentados durante los últimos cuatro años y que fueron denunciados por asesores jurídicos de la alcaldía de dicho municipio.

El alcalde John Jairo Arango, mediante resolución 263 del 13 de octubre, dio por terminado de manera unilateral el contrato de comodato firmado a 10 años aceptando los argumentos jurídicos de quienes demandaban la terminación de la Concesión.

Los abogados Christian Andrés Vásquez y Marco Antonio Villafañe, representante legal de la empresa, insistieron en que durante la audiencia  se habría incurrido en un posible plagio de un informe de la Contraloría Departamental para soportar los incumplimientos, en un documento que según los defensores de la Concesión fue copiado y transcrito con los logos institucionales de la alcaldía municipal de Ginebra. Al final esta teoría fue desvirtuada

Entre los incumplimientos a los términos del contrato firmado en noviembre de 2012, se encontró la falta de un  parqueadero oficial, la prestación del servicio de grúa, por lo que en Ginebra no se podían adelantar operativos de control a conductores, pues no tienen la infraestructura para hacerlo. 

A esto se suma el hallazgo de una doble facturación por trámites realizados ante la entidad, dejando la de menor valor para liquidar el 30 por ciento que le correspondía a las finanzas municipales causando un grave detrimento fiscal.

Finalmente el concesionario incumplió en la adquisición de las pólizas para poder operar y durante siete meses se omitió ese requerimiento contractual. Terminan siendo violatorias del debido proceso del derecho a la defensa de la  Concesión.

Desde la próxima semana la administración tendrá que asumir los servicios de tránsito, incluidas la  matrículas y expedición de licencias, mientras el alcalde Aragón y su equipo jurídico determinan si se convoca a un nuevo proceso de licitación público  o no.