Redacción Regional
El Periódico
En manos de la Contraloría, Procuraduría y Fiscalía, dejó el Gobierno del Valle la investigación que con carácter averiguatorio solicitó por la ejecución de convenios en Corpovalle celebrados en el año 2105 con el Ministerio de Agricultura y la Autoridad Nacional de Pesca, al establecer por medio de una auditoria especial que pudieron presentarse hechos presuntamente dolosos, especialmente en dos de ellos.
De los tres convenios por un monto de alrededor de $3.000 millones que tenían como objeto fortalecer y beneficiar a comunidades pesqueras del Pacifico colombiano, dos consistían en dotación
de aparejos de pesca, lanchas rápidas y piangüeras.
La Secretaria General de la Gobernación, Norma Hurtado, explicó que “empezamos a revisar en detalle los contratos, giros, los anticipos y desde marzo tenemos inquietudes y dudas frente a la ejecución, que no hemos podido soportarle al Ministerio de Agricultura, razón por la cual se dio un tiempo prudencial, pero al ver que ya no era posible una sustentación técnica y financiera y, especialmente, de compromiso con la comunidad, la Gobernadora tomó la decisión que ya es pública”.
Los recursos provinieron del Ministerio de Agricultura y “fueron girados a las cuentas de Corpovalle. Lo que estamos clarificando es qué porcentaje de esos recursos efectivamente lograron cumplir con los compromisos y con los objetos de los proyectos, porque sobre eso no hay satisfacción y es lo que queda en manos de las autoridades correspondientes”, precisó la funcionaria.
Estas acciones de ley instauradas por la Administración Departamental en cabeza de la Gobernadora, Dilian Francisca Toro, corresponden al compromiso por la transparencia en la ejecución de los recursos públicos y el respeto por las instancias legales encargadas de adelantar lo que corresponda en este caso.
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