Redacción Guacarí
El Periódico
La Fiscalía 21 seccional Guadalajara de Buga investigará penalmente a siete (7) concejales del municipio de Guacarí por los delitos de Abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto, Abuso de función pública y Prevaricato por acción, Infringiendo la Ley Penal al expedir aprobación al Proyecto de Acuerdo N° 006 de 10 de diciembre de 2014 “Por medio del cual se expide el presupuesto general de rentas, recursos de capital y gastos de apropiación del municipio de Guacarí-Valle para la vigencia fiscal de 2015 y se adoptan otras disposiciones”.
Los concejales Oscar Hernán Lenis, Ademir Leandro Corrales, William Álvarez, Juan Carlos Potes, Aicardo Moreno, Luis Miguel Grajales y Enrique Valencia, que hacen mayoría en la plenaria de la Corporación (7 de 13 concejales) de manera caprichosa y arbitraria modificaron el proyecto de acuerdo presentado por el burgomaestre de la municipalidad, quien en el marco de la normatividad vigente, decidió objetar el citado proyecto de acuerdo, sin encontrar respuesta positiva de parte de los Concejales y, por tanto, debió enviarlo para revisión ante el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca con sede en la ciudad de Cali.
Los honorables magistrados del Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, emitieron la Sentencia No.28 en la que quedó inmerso el fallo “favorable a la Administración Municipal de Guacarí” en todo lo argumentado y sustentado dentro del escrito de las respectivas objeciones y, se manifestó la sala, descalificando el actuar de los miembros del Concejo, por extralimitarse en sus funciones, cometiendo yerros jurídicos en contra de la Constitución y la Ley.
Además los concejales Ademir Leandro Corrales y William Álvarez serán investigados porque incumplieron con la Ley, con sus deberes e incurrieron en prohibiciones al omitir la marcha reglamentaria oportuna y adecuada de un proyecto de acuerdo que es de carácter obligatorio, sin ninguna argumentación jurídica, obstruyendo el cumplimiento legal de limitar las facultades del Alcalde Municipal para adicionar las partidas presupuestales, incumpliendo disposiciones constitucionales y legales. En este orden de ideas, los investigados transgredieron las normas perjudicando posiblemente a la comunidad guacariceña y generando una acción y omisión en el ejercicio de las funciones de los Honorables Concejales en contraposición de los deberes y prohibiciones de los servidores públicos.
Pero las cosas no terminan allí. Contra los mismos siete (7) concejales, encontramos en la Procuraduría, una queja y solicitud de investigación disciplinaria con posible alcance penal, en razón de que la Corporación se creó fue con la finalidad de coadyuvar a la Administración Central en el proceso de implementación de políticas públicas que generen desarrollo local, prosperidad, estabilidad económica y, no, para interponer restricciones a la buena marcha y desarrollo del municipio. Esto último, es lo que se evidenció, pues, la no aprobación del proyecto de acuerdo implica la no posibilidad de adicionar e incorporar al presupuesto, recursos para atender el régimen subsidiado, transporte escolar, construcción de placas huellas; de igual forma la obligación de incorporar al presupuesto del 2015, los recursos del balance no ejecutados al cierre de la vigencia de 2014 y la obligación existente de ajustar los valores de las transferencias de la Nación, por la expedición de los CONPES sociales 178 y 179, para la vigencia fiscal de 2015, que generaron mayores recursos para adicionar en salud, libre inversión, saneamiento básico y otros sectores.
Están los concejales ante una tarea de gran dimensión, para lograr demostrar que sus actuaciones no fueron en contra de la comunidad y, mucho menos, por fuera de lo definido en la constitución y la Ley.
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