Redacción Trujillo
El Periódico
Este miércoles en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en representación del Estado colombiano, suscribió un acuerdo de solución amistosa en el caso de la masacre de Trujillo-Valle. El caso hace referencia a una serie de amenazas, desapariciones forzadas, torturas, detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales cometidas entre el 28 de octubre de 1988 y el 5 de mayo de 1991 en el municipio de Trujillo. “La firma del acuerdo de solución amistosa culmina el litigio internacional adelantado en este caso emblemático desde el año 1992 y permite a través de este mecanismo garantizar el derecho a las víctimas a una reparación integral”, señaló la agencia.
Según las investigaciones, en la masacre fueron asesinadas entre 245 y 342 personas a manos de una organización compuesta por miembros del narcotráfico y el paramilitarismo, así como del Ejército, la Policía y políticos de la región, quienes presuntamente pertenecían al cartel del Norte del Valle. Por este caso, la Fiscalía General de la Nación acusó formalmente al narcotraficante Diego León Montoya, alias Don Diego, de ser el presunto responsable de la masacre.
Además, el juez tercero penal del circuito especializado de Buga, ordenó también en este caso el pago por parte del narcotraficante preso Henry Loaiza Ceballos, alias “El Alacrán”, de cerca de $600 millones a cada una de las víctimas por los perjuicios causados.
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