Redacción Bugalagrande
El Periódico
Las familias del municipio de Bugalagrande que fueron despojadas de sus predios por grupos al margen de la ley y que delinquieron en la década de los 80 y 90, volverán a sus tierras en los próximos días, cuando se haga efectiva la primera orden del fallo de restitución como es la entrega material y jurídica de los predios. Este fallo se da gracias al arduo trabajo de investigación de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) y a la rigurosidad y valentía de la justicia civil especializada en el tema.
El 22 de junio de 1994 en una Notaría de Tuluá, fueron transferidas a la Sociedad Agro Inversora Urdinola Henao y Compañía S. EN C.S, 17 fincas que ocupan cerca de mil hectáreas englobadas en la denominada Hacienda La Magdalena, lugar que se convirtió en el fortín de Iván Urdinola, Lorena Henao, Fernando Marulanda y Heberth Veloza alias “HH”.
Hace tan sólo nueve meses la Unidad de Restitución de Tierras, desde la Territorial Valle del Cauca Eje Cafetero presentó en los juzgados de Buga una treintena de solicitudes en representación de familias que reclamaban esos predios, porque alias “marulo”, confeso y extraditado narcotraficante, había transferido sus títulos de propiedad al reconocido clan de la mafia que operaba en el departamento.
El grupo que delinquía en el sector se adueñó de esta finca que llegó a ocupar más de 5 veredas del corregimiento de Ceilán en el municipio de Bugalagrande, ubicado en la cordillera central del Valle del Cauca, como soporte de sus fechorías y estrategia de lavado de activos.
La zona era propicia para estos vejámenes, al tratarse de una parte de la región que conduce hacia el Cañón de Las Hermosas, sur del Tolima; norte del Quindío y corredor hacía el departamento del Cauca, atractivos más que suficientes para quitárselas a estas familias que no hacían más que cultivar la tierra, criar animales y trabajar duro para sacar a sus hijos y nietos adelante.
Una mañana, un grupo de familiares y vecinos se acercaron a la oficina de Restitución de Tierras en Cali para preguntar cómo podían recuperar las tierras que les habían sido arrebatadas por la mafia, las cuales se encontraban hacía varios años en extinción de dominio y por las cuales venían luchando hace dos décadas.
El caso llamó la atención de la territorial en donde se dispuso un equipo humano cualificado en función de la plena sustanciación probatoria que respaldó la inclusión al Registro de Tierras despojadas y las pretensiones de esta demanda de la cual conocemos el primer fallo judicial.
En un tiempo perentorio, la Territorial presentó la solicitud ante los despachos especializados en restitución de tierras y con este fallo se comienzan a dar los primeros frutos. El juez reconoció como víctimas de despojo a 17 miembros de dos familias y ordena la restitución material con vocación trasformadora de tres de los 17 predios que suman casi 150 hectáreas en el corregimiento de Ceilán-Bugalagrande.
“Esta es una sentencia que ratifica el compromiso del Gobierno con las víctimas del conflicto, estos campesinos, víctimas de las mafias más temidas del país, vuelven a sus tierras con garantías de seguridad y apoyo económico para el restablecimiento de sus vidas”, expresó el director General de la Unidad de Restitución de Tierras, Ricardo Sabogal Urrego.
El fallo en mención se convierte en el tercer caso del Valle del Cauca, que revierte un despojo de narcotraficantes a campesinos que por tener sus tierras ubicadas estratégicamente, fueron objeto de actos criminales que culminaron con la pérdida de sus fincas y en algunos casos de sus propios familiares.
El primer caso fue en 2014 en el que la URT logró restituir 4 fincas a una familia de Riofrío, el segundo relacionado con testaferrato en predios de los municipios de Bolívar, Cali y Jamundí y ahora este fallo. Todos, por despojos acaecidos en los años 90. Estos resultados marcan una línea jurisprudencial en el país, lo cual resulta ser otra muestra de la efectividad de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que se ha convertido en una herramienta poderosa y segura para resarcir los derechos de las víctimas con predios abandonados y despojados por causa del conflicto armado donde eran los grupos armados y narcotraficantes quienes imponían las condiciones.
Sergio Rodríguez, director territorial del Valle del Cauca Eje Cafetero, aseguró que: “la lucha continúa por este y todos los casos de despojo y abandono en el Valle del Cauca, departamento en donde a pesar que persisten dificultades de orden público en algunas regiones, ha podido tramitar en cuatro años de la Ley de víctimas más del 50% de las solicitudes interpuestas en su jurisdicción”.
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