
De esta manera se da cumplimiento a lo contemplado por el Consejo Directivo del Archivo General de la Nación que contempla que las entidades públicas deben establecer la unidad de correspondencia que gestione de manera centralizada y normalizada los servicios de recepción, radicación y distribución de sus comunicaciones oficiales, de manera que estos procedimientos contribuyan al desarrollo del Programa de Gestión Documental y así tener una mayor eficiencia en términos de productividad y servicio a la comunidad.